Publicada el 26 de julio de 2012 en aurelio-arga.blogspot.com (*)

En lugar de provocar un debate serio, el déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia ha generado vacuos discursos de Aguad, De la Sota y Juez que, con el coro de legisladores de sus respectivas fuerzas, compiten en demostrar quién es el mejor “adalid de Córdoba”, ante un gobierno nacional que, si nos atenemos al juicio del gobernador de Córdoba, “no nos paga la deuda y debe entender que no podemos seguir financiándolo”. Un pugilismo  electoralista sin ideas es el único aporte que nos han brindado, ante uno de los problemas más serios que enfrenta la provincia en los últimos años.

Y no se carece de datos y reflexiones. Economistas reconocidos, como Salvador Treber o Eduardo González Olguín, los han proporcionado con gran solvencia. Y los recursos que se precisan para sustentar el sistema pueden ser generados, aquí, en la provincia, sin obviar por eso los reclamos a la Nación: es necesaria, sí, voluntad política, disposición a modificar una política impositiva que se caracteriza por su regresividad y por desfinanciar al Estado, enjugando las pérdidas de recaudación potencial con endeudamiento creciente, que sólo se sostiene con “fugas hacia adelante”. Esto es particularmente válido para el período que siguió a la nefasta rebaja del 30% decidida por la dupla De la Sota-Kammerath, que hundió en la zozobra a la Municipalidad de Córdoba y generó una espiral en la deuda provincial, que no dejó de crecer desde entonces. Al mismo tiempo, las fallidas privatizaciones y toda la visión de “achicar el estado”, enunciada y traicionada para nombrar amigos, daban impulso a las “jubilaciones anticipadas”, tornando insoportable la situación de la Caja, que veía caer su recaudación habitual por las “tercerizaciones” periféricas en todo el sector y la proliferación de pasantes y monotributistas sin aportes que caracterizaron el ciclo de la “Reforma del Estado”.

Cómo salir de un déficit anunciado?

El desbalance entre aportes y egresos dentro del sistema puede morigerarse, como acaba de señalarlo el titular de la Caja, pero no se logrará equilibrar las cuentas sin otra visión del papel del Estado, que logre reconstruirlo y recuperar lo perdido con el  desguace de las empresas del Estado (Banco de Córdoba, EPEC, EPOS), con la consiguiente reducción de aportantes a la Caja, a lo que debe añadirse que los faltantes de personal fueron cubiertos con trabajo precario (pasantes, monotributistas, servicios de terceros) que no tributaba al sistema previsional, en toda la Administración y las entidades autárquicas. El desastre que se provocó no puede paliarse con quitas a los jubilados, que cobran más que sus pares de la nación, pero también aportan porcentajes mayores y sobre sueldos más altos, que en situaciones estables crearían el equilibrio que hoy se observa en el sistema nacional.

Plantear la cuestión en estos términos, como es obvio, no resulta atractivo para ninguna de las variantes del “partido único neoliberal cordobés”. Deberían, para el caso, rectificar lo que son. Y eso es pedir lo imposible: ellas tributan a la Fundación  Mediterránea y a los núcleos de poder económico concentrado, para no hablar del sector agrario, cuya contribución impositiva es tan minúscula que roza lo ridículo y registra, sin embargo, el mayor incumplimiento. El profesor Treber señala que el atraso en la valuación de los campos ocasiona una pérdida muy superior a los 1000 millones, equivalente al tan meneado déficit de la Caja, para cuya resolución sólo atinan a reclamar a la nación. No es ésa una opción posible, en el marco del gobierno presidido por De la Sota, cuya base más importante son los terratenientes del sur provincial. En consecuencia, veremos nada más que torneos discursivos, puyas y chicanas al ritmo de las encuestas, sin analizar el tema y sin apartarse de un discurso común neoliberal, ya que Aguad y Juez compiten también por conquistar el favor del mismo electorado. Y a la hora de la verdad, una “solución” basada en reducir jubilaciones o en el recurso de incrementar el endeudamiento provincial, para hacer “sustentable” la vocación presidencial del gobernador de Córdoba.

¿Desorientación o incoherencia? Cómo responder desde una óptica popular?

Para colmo de males, no mejoran las cosas los legisladores kirchneristas. Mónica Gutiérrez y Fabián Francioni – “Dios nos cuide de los amigos”, dice el refrán– parecen creer que la defensa del gobierno de Cristina Kirchner implica proponer quitas a los jubilados, para que “armonicen con la Nación” y ninguno atina a señalar que los orígenes del problema han de buscarse en el caos generado por los gobiernos neoliberales que se sucedieron en la provincia, desde 1983 en adelante, dando continuidad a las políticas del Proceso.

De ningún modo esto es una mera frase. Veamos un ejemplo, en la manoseada cuestión del déficit parcial que se registra con los bancarios. Ésa es, efectivamente, una porción de importancia del déficit total. Pero en este caso, se omite recordar que el Banco Social fue destruido y el Banco de Córdoba obligado a ceder parte de sus actividades a la banca privada, con una reducción, entre un caso y otro, de más de la mitad de las plantas de personal que empleaban otrora y la pérdida consiguiente de sus aportes previsionales. Una situación similar se observa en EPEC, con las privatizaciones parciales y las diversas tercerizaciones que se practicaron y se sostienen. Y, como es obvio, se omite mencionar el agravamiento insoportable que hubiese sobrevenido, desde el 2001, si las aventuras de la privatización de esas dos empresas del Estado Provincial llegaban a concretarse, con la consiguiente pérdida de sus aportes previsionales, mientras la Caja de Jubilaciones seguía soportando a la masa de sus jubilados y el Ministerio de Finanzas, a quien se omite en los análisis, a las “jubilaciones anticipadas”, que iban a liberar a los “nuevos dueños” del personal más antiguo…y más oneroso.

No desconocemos, al resumir así nuestro punto de vista, la crisis general de los sistemas previsionales, que deberá suscitar en algún momento un replanteo global, en la Argentina, y en otros países. La primera jubilación, establecida por Bismark, fijaba la edad de 50 años para acceder al beneficio. Ésa era, en aquel momento, la expectativa de vida promedio en Alemania. El desarrollo de la longevidad conducirá forzosamente a una reformulación de las normas actuales, en todo el mundo. Pero esa remodelación debe formar parte de una transformación social mucho más vasta, relacionada con la creciente productividad del trabajo y la posibilidad actual de humanizar el conjunto de la vida social, hoy alienada por el capitalismo senil. Consecuentemente, un planteo racional en esta esfera es antinómica con los motivos que llevan, hoy, a prolongar la edad y ajustar el gasto, para privilegiar las ganancias de una élite de millonarios y de grupos financieros que saquean a los pueblos.