Publicado el 16 de abril de 2014 en aurelio-arga.blogspot.com, en el periódico Patria y Pueblo y reproducido por diversos sitios internet.
¿Cómo reaccionarían Massa y los medios que lo publicitan diariamente si, frente a la tardanza judicial en condenar a Clarín y a La Nación por los aberrantes delitos cometidos bajo el amparo de la dictadura militar oligárquica para apropiarse ilegalmente de Papel Prensa,
usando como medio las amenazas criminales contra la familia Graiver, un grupo de ciudadanos, indignados ante dicha “ausencia del Estado” decidieran “ajusticiar” a los Directorios respectivos, en el momento en que pudieran sorprenderlos en la calle? ¿Cómo, si se hiciera lo mismo ante las complejas maniobras de evasión impositiva de las cerealeras Cargill, Los Grobo, Nidera y Noble, denunciadas por el AFIP? Y se trata, en estos últimos casos, de latrocinios medidos en centenares de millones de dólares, que privan a los argentinos de recursos imprescindibles para mejorar los servicios que les brinda el Estado o impulsar medidas de desarrollo productivo e inclusión social, para no recordar los paros que provocan las limitaciones presupuestarias, a la hora de atender las demandas salariales del sector docente, para dar sólo algunos ejemplos del daño infligido a “la seguridad” del conjunto del pueblo argentino, mucho más grave que si a cada ciudadano alguien le quita el reloj pulsera, no con los métodos del arrebato callejero, sino con modos mucho más sutiles que requieren de la participación de un ejército de contadores y abogados tramposos, que para eso estudiaron en la Universidad pública.
Obviamente, no se nos ocurre sugerir tal cosa, pero si plantearla, como hipótesis, útil para señalar que existe origen de clase y una pulsión fundada en el odio a los marginados detrás de la visión que esgrime Massa al elegir como blanco determinados delitos como causantes de “inseguridad”, en desmedro de otros que tienen como protagonistas a las clases que Massa quiere servir o al tipo de votante que busca atraer, cuyos delitos son perpetrados con más decoro que los cometidos por un motochorro que roba en la calle, pero no son por ello menos antisociales. Esta distinción, claro, es objetiva y jurídicamente sustentable, pero inútil a los propósitos del sistema de medios y de su candidato estrella: ambos buscan desalentar el razonamiento y estimular el prejuicio, para dirigirlo contra el Estado presuntamente “ausente” y contra el ladronzuelo emergente de la marginalidad social (al que no justificamos, ya que muchos pobres prefieren el hambre a incursionar en el robo, como es sabido).
Pero estas reflexiones pueden ser inservibles, si el objetivo es agradar a las clases dominantes, y cosechar votos a cualquier precio.
No es extraño (aunque se intente ignorar este dato objetivo, sin embargo) que el campo popular y los gobiernos que lo expresan desde el 2003 se ciñan al respeto del sistema jurídico, de un modo ejemplar, incluso al juzgar crímenes aberrantes, como los perpetrados durante el Proceso, que no casualmente tuvo a los medios como uno de sus pilares y violó la ley sistemáticamente, siguiendo el patrón que les imponía el plan de transformar al país en factoría impotente y aplastar la natural resistencia al mismo.
¿Pero qué importa la crítica racional y las normas jurídicas, aquí? Lo que importa es sostener una línea, dictada por los medios a toda la oposición, según la cual el debate jurídico debe ponerse al servicio del plan de socavar la autoridad del gobierno y arrastrar al pequeño burgués asustado a la creencia de que “los K” son responsables de todas sus zozobras y que es preciso “volver al orden”, lo que en buen romance es retornar al dominio oligárquico anterior a la crisis del 2001, afectado posteriormente pero no destruido.
Es una vergüenza que toda la oposición se someta sin chistar al terrorismo ideológico desplegado por la demagogia que explota el tema llamado “inseguridad”, al punto de desautorizar al equipo de juristas que sus propios partidos sumaron a la tarea de proyectar la reforma del Código Penal, y paralizar una labor que todos los entendidos consideran indispensable para su puesta al día.
Flota la sospecha, mientras tanto, de que se buscaría impedir –la cortina de humo de luchar contra el “garantismo” tendría en ese caso un fondo siniestro– que avance un proyecto que incrementa las penas impuestas a la comisión de delitos económicos (la evasión, particularmente) que tienen como víctima a toda la nación y no son imputables, es obvio, a los ladronzuelos y los violentos de poca monta cuyas acciones replican las pantallas de TN, sin pudor, hasta el hartazgo, para imponer un enfoque distorsivo, que impide tratar un tema insoslayable, la reforma penal, con la seriedad y objetividad que su complejidad requiere.